Final de una larga pesadilla


Cuando a la historia le corresponda escribir del caso de supuesto terrorismo que enmudeció a Santa Cruz y amargó por más de una década la vida de muchos de sus hijos, seguramente tendrá que referirse a él como una sucia jugada de ajedrez del Gobierno de Evo Morales, orquestada desde el más indolente y gélido cálculo político que no pestañeó a la hora de planificar incluso el asesinato de personas a sangre fría.

Es imposible pasar por la esquina de las calles 21 de Mayo y Seoane, en Santa Cruz, sin recordar que en aquel escenario de operaciones estallaba el 16 de abril de 2009 una historia de muertos silenciados, presos chantajeados, acusados extorsionados, testigos falseados, pruebas plantadas, donde la justicia y sus instituciones mostraron la peor de sus caras.

Diez años y nueve meses después de aquella noche, y más de siete años después de iniciado el juicio del caso que el Gobierno de Morales llamó como “terrorismo”, este martes finalmente la causa se extinguió, con lo cual 39 procesados quedaron absueltos.

El proceso para ‘desandar’ este recorrido comenzó el 20 de enero reciente, cuando el Ministerio de Gobierno decidió retirar la demanda por entender que el proceso era una farsa montada con intereses políticos por la gestión de Morales.

Esta semana, la Fiscalía hizo su parte al retirar la demanda, provocando así que el Tribunal Primero de Sentencia decidiera absolver de culpas a los procesados al no haber acusación ni del fiscal ni del Ministerio de Gobierno.

Entre los argumentos para justificar su decisión, la Fiscalía citó que el exfiscal Marcelo Soza asignado al caso recibió una condena de 12 años de cárcel por los delitos de uso indebido de influencias y concusión en el manejo del caso; la condena de un abogado relacionado con Soza por extorsión; la renuncia de una jueza ciudadana que denunció que recibía amenazas y que el Ministerio de Gobierno del anterior Gobierno pagaba sus viáticos y pasajes; además del retiro de la demanda por parte del Ministerio de Gobierno.

Cerrado el caso, hay por lo menos tres miradas pendientes por atender: la política, para comprender que, si bien la lucha por el poder parece aguantar cualquier exceso, el del caso que Morales llamó “terrorismo” es el más abominable: armar una estrategia, montar un proceso con muertes planificadas y encarcelar a ciudadanos para dejar una ‘lección’ a una región, no tiene nombre.

La dimensión jurídica: jueces, fiscales e instituciones de la justicia sometidas al poder político producen casos como el que concluyó el martes. No hay mayor alianza para la injusticia que la de las instituciones de la justicia con el poder político. Los abusos se alimentan de la falta de independencia de poderes.

Y, finalmente, la mirada humana: ¿cómo se le devuelve los años en prisión a quienes no la merecían? ¿Hay alguna cantidad de dinero, por grande que sea, que compense la pérdida injusta de la libertad? Quizá solo el procesamiento de los responsables de la violación de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales pueda devolver al país la confianza en ese par de adagios populares que dicen que la justicia tarda, pero llega, y lo que se hace se paga, para que nunca más ningún Gobierno se anime a tanto.

El Deber – Editorial