La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las audiencias sobre la reelección indefinida, determinó claramente su posición. Dicha condición no es un derecho humano, según la organización.

La afirmación de la CIDH se da en el marco de las audiencias orales convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya finalidad fue tratar el tema de la reelección indefinida a petición de Colombia.

“En cuanto la reelección presidencial indefinida, como un derecho humano, ni en el ámbito del sistema interamericano ni en el derecho internacional, se reconoce como tal un derecho autónomo a la reelección presidencial indefinida”. La afirmación es del presidente de la CIDH, Joel Hernández.

Si bien se reconoce el derecho a votar y ser elegido, este no es absoluto, admite ciertas restricciones, entre ellas a la reelección indefinida.

La consulta la hizo Colombia, y se difundió luego de que países como Bolivia, argumentó que la Convención Americana de Derechos Humanos amparaba el derecho a la reelección indefinida. Ese argumento sirvió para que el ex mandatario Evo Morales para buscar por cuarta vez consecutiva su reelección presidencial.

La CIDH mantiene la postura, no sólo que el sistema interamericano no reconoce a la reelección indefinida como un derecho, sino que permite fijar restricciones en cada país.

Hernández afirmó que la restricción a la relección indefinida, cumple con el principio de legalidad y proporcionalidad.

“Esta Comisión considera que la restricción a la reelección indefinida, no solo es convencionalmente justificada, si no que atiende el principio de proporcionalidad. Además existe una obligación estatal de limitarla para preservar el sistema democrático representativo y el ejercicio del resto de los derechos”, agregó Hernández.

Hernández alertó que, si se permite la reelección indefinida, se puede dar paso a la concentración del poder y debilitamiento de “los pesos y contrapesos”. Esa situación permite fiscalizar adecuadamente el ejercicio de la función pública.

Puntualizó que tener de manera prolongada el poder, puede socavar los sistemas de vigilancia y afectar la autenticidad de las elecciones. Ello puede generar ventajas indebidas a favor de la persona que busca reelegirse.

La CIDH advierte que se puede usar el aparato estatal para silenciar, amenazar a ciudadanos y candidatos de oposición. Eso afectaría el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y asociación.

Fuente: Red Erbol